Ecuador archiva su Ley de Inteligencia Artificial: qué significa para las empresas

El 15 de septiembre el pleno de la Asamblea Nacional archivó con 88 votos el Proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de la Inteligencia Artificial. La decisión siguió al informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, que ya el 31 de agosto había recomendado archivar la iniciativa por observaciones técnicas y jurídicas. La votación fue reportada por Prensa Latina y por medios locales que recogieron el debate.

La pregunta que resumió la sesión la planteó el asambleísta Esteban Torres: "¿estamos preparados para legislar sobre una tecnología que cambia cada día?". Para las empresas ecuatorianas, la respuesta práctica importa menos que la consecuencia: hoy no existe una ley específica de IA en el país, y eso no significa que no existan reglas.

Por qué se archivó

El informe de la comisión identificó tres problemas de fondo. El primero, presupuestario: la propuesta creaba obligaciones institucionales nuevas —personal especializado, infraestructura tecnológica, sistemas de información, capacitación y mecanismos de control— que implicaban un aumento del gasto público no contemplado, en tensión con el artículo 135 de la Constitución, que reserva al Ejecutivo la iniciativa de leyes que creen gasto. El segundo, de diseño: el texto imponía barreras al desarrollo tecnológico nacional y no encajaba bien con el marco legal ya vigente. El tercero, de protección: los mecanismos para resguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes se consideraron insuficientes.

El archivo no deja el tema cerrado. El 1 de septiembre la asambleísta Cecilia Baltazar presentó un proyecto alternativo de Ley Orgánica para el Desarrollo, Uso Ético y Gobernanza de la Inteligencia Artificial, que sigue en trámite legislativo y que propone clasificar la IA por niveles de riesgo, un enfoque más cercano al de la normativa europea.

Qué marco aplica hoy, entonces

Que no haya ley de IA no quiere decir que el uso de IA en una empresa sea terreno libre. Tres cuerpos de reglas ya aplican y son los que un auditor o un cliente corporativo va a mirar:

• La LOPDP. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales rige cualquier tratamiento de datos personales, incluido el que hace un modelo de IA. Base legal para el tratamiento, finalidad declarada, minimización de datos y derechos del titular aplican igual si el procesamiento lo hace una hoja de cálculo o un modelo de frontera.
• La normativa sectorial. Banca, seguros, salud y sector público tienen sus propios requisitos de trazabilidad y control que no esperan una ley de IA para exigirse.
• La Estrategia nacional de IA. Ecuador adoptó en marzo de 2026 una estrategia de fomento del desarrollo y uso ético de la IA con hoja de ruta 2025–2029. No es vinculante como una ley, pero sí marca la dirección con la que se van a alinear futuras regulaciones y compras públicas.

Qué significa para tu pyme

• El vacío legal no es un permiso, es una responsabilidad. A falta de reglas específicas, cada empresa define sus propios controles; si mañana llega una ley, quien ya documentó sus procesos se adapta, quien no, empieza de cero.
• Lo que hoy es opcional será exigible. Clasificar por riesgo cada uso de IA, dejar registro de qué decidió el sistema y mantener revisión humana en decisiones sensibles son prácticas que el proyecto de Baltazar ya anticipa.
• El dato personal es el punto de exposición real. El riesgo inmediato no es una multa por "usar IA", es una sanción por tratar datos personales sin base legal al alimentar una herramienta.
• Pregunta dónde viven tus datos. Antes de contratar cualquier servicio de IA, confirma retención, ubicación del procesamiento y si tus datos se usan para entrenar modelos.

Cómo lo abordamos en SimCodec

En SimCodec diseñamos automatizaciones y agentes de IA partiendo del dato: qué información toca el sistema, dónde se procesa, cuánto tiempo se retiene y qué queda registrado de cada decisión automatizada. Trabajamos con puntos de validación humana en los flujos de mayor impacto y con configuraciones de retención cero cuando el caso lo exige, alineados a la LOPDP y no a lo que una ley futura pueda pedir.

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